Pese a los esfuerzos del Ejecutivo comunitario para redactar garantías jurídicas y asegurar la “solidaridad y el riesgo compartido”, Bélgica se mantuvo firme en sus objeciones. El primer ministro belga, Bart De Wever, expresó abiertamente sus reservas y exigió una “mutualización completa del riesgo”, es decir, que todos los Estados miembros de la UE asuman conjuntamente las posibles repercusiones legales y financieras derivadas de la movilización de esos fondos.

El malestar belga no es único. Otros Estados miembros mostraron inquietudes similares, no solo en el plano legal sino también ante la posible reacción rusa contra intereses europeos, especialmente en el sistema financiero internacional. El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, insistió en la importancia de blindar la legalidad del procedimiento y celebró que, gracias al avance en las negociaciones, se haya descartado la opción de una confiscación directa de los activos, una postura coincidente con la del Banco Central Europeo.