El Gobierno de Noboa, que en enero declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, enfrenta ahora una nueva fase de esa confrontación. La utilización de explosivos en zonas urbanas marca una escalada que pone a prueba la efectividad de la estrategia militar y el respaldo ciudadano al discurso de “orden y fuerza”. Analistas consultados por medios locales advierten que los ataques en Guayaquil, Cuenca y Machala podrían responder a una coordinación entre distintas facciones criminales que operan dentro y fuera de las cárceles, donde el control estatal sigue siendo precario.