De Moraes sostuvo en su fallo que “la garantía del orden público” y la “necesidad de asegurar la aplicación integral de la ley penal” justifican mantener las medidas cautelares vigentes. Entre ellas figuran la prisión domiciliaria, la prohibición de usar redes sociales y la restricción de contacto con otros implicados en la trama golpista.

En esa investigación paralela, el ex jefe de Estado (2019-2022) y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, son sospechosos de haber intentado presionar al gobierno de Estados Unidos para que sancionara a jueces y autoridades brasileñas en represalia por el juicio por golpismo. De acuerdo con la causa, esas gestiones derivaron en aranceles del 50% a varios productos brasileños, decretados por el presidente Donald Trump, y en la revocación de visados a jueces del Supremo y funcionarios del Gobierno de Lula, entre otras medidas.