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9 de octubre de 2025

La extraña renuncia del procurador general de Jujuy luego de ser suspendido por la Legislatura

Se trata de Sergio Lello Sánchez. Su adjunto, Ignacio Pasquini, tomó la misma decisión. El pedido de juicio político y un escándalo que compromete a una magistrada, a un obispo y a un sacerdote

>Sergio Lello Sánchez es ex procurador general de Jujuy. Días atrás renunció, de forma sorpresiva, al igual que su segundo, Ignacio Pasquini, luego de ser suspendidos, en un trámite exprés, por la Legislatura y tras una serie de hechos que resultan, al menos, llamativos.

La conversación en cuestión se encontró en el celular de Bruno. Ese hallazgo motivó un incidente en la causa por el que se pidió su prisión preventiva para impedir que el supuesto agresor sexual entorpezca la investigación.

Al mismo tiempo, negó que la filtración de esos chats hubiera salido desde el Ministerio Público de la Acusación y agregó que al expediente habían tenido acceso también “el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial”.

El diputado provincial de Primero Jujuy Avanza, Facundo Figueroa Caballero, fue quien dio cuenta, en la sesión del 2 de octubre, del pedido de juicio político contra Lello Sánchez y el procurador adjunto que había sido solicitado por Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos, por malversación de fondos.

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, envió el pedido a la Comisión Investigadora que dispuso la inmediata suspensión de los funcionarios denunciados, en un documento que lleva el membrete del Partido Justicialista.

El procedimiento en la sede del Ministerio Público se realizó por un nutrido grupo de la Policía de Jujuy ese mismo día. Los legisladores pidieron el secuestro de equipos informáticos (PC, notebooks, netbooks), discos rígidos, dispositivos de almacenamiento, servidores, teléfonos corporativos, documentación relativa a legajos personales de funcionarios y magistrados, registros de subastas, convenios y cualquier otro documento o soporte que pueda resultar de interés para la investigación.

Aunque se había solicitado el allanamiento al domicilio particular de Lello Sánchez, finalmente, ese operativo no se realizó, aunque le secuestraron el celular.

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