25 de septiembre de 2025
Impulsan en Uruguay cambios a la regulación del trabajo sexual con mayores multas a los locales
La bancada oficialista propone eliminar el enfoque �??higienista y punitivista�?� de la actual normativa uruguaya y erradica la palabra �??prostíbulo�??
>El Frente Amplio, la coalición de izquierda de Uruguay, considera que la legislación uruguaya vigente sobre el trabajo sexual significó un avance en 2002, cuando fue aprobado. Sin embargo, la bancada del oficialismo considera que quedan varios aspectos pendientes de regulación porque hay “abusos†que ocurren dÃa a dÃa en el ejercicio de la prostitución.
Sin embargo, en la bancada del oficialismo consideraron que es necesario evitar “abusos que hoy ocurren y que son impensables para el ejercicio de cualquier otra actividad en régimen de subordinaciónâ€, señalan en la propuesta.
“A más de 20 años de su entrada en vigencia, se vuelve indispensable revisar y actualizar esta ley, respondiendo a los desafÃos actuales que enfrentan a quienes ejercen el trabajo sexual en nuestro paÃsâ€, sostiene la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio, consignada por El PaÃs. El texto enumera que buena parte de las trabajadoras sexuales están expuestas a multas económicas que son abusivas cuando no van a trabajar o cuando se niegan a atender a algunos clientes. También son obligadas a consumir alcohol u otras drogas o recintos, se les cobra un porcentaje sobre la remuneración que los clientes abonan por los servicios que prestan. Además, se dan situaciones de violencia fÃsica y psicológica, se las obliga al cumplimiento de horas como a reintegrarse al trabajo pocos dÃas después de un parto.El proyecto de ley propone que haya un aumento de las multas para los responsables de los locales. En concreto, se elevan de un rango de 5 (USD 230) a 100 unidades reajustables (USD 4.600) a un margen de 10 (USD 460) a 200 UR (USD 9.200).
Estas sanciones son aplicables expresamente para los responsables y el personal de los locales que incurran en conductas prohibidas. Además, se deroga la posibilidad que estaba vigente de sustituir multas o prisión por trabajo comunitario. La bancada oficialista considera que estas sanciones son inadecuadas para este tipo de infracciones administrativas.El proyecto de ley no impide que se cobren servicios auxiliares, como el alquiler de una habitación, pero establece que debe haber comprobantes de esas transacciones y precios transparentes, que no estén atados a la tarifa de servicio sexual.
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