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17 de septiembre de 2025

Desestimaron el pedido de tres mujeres narco que buscaban revocar su condena por perspectiva de género

El máximo tribunal no hizo lugar a los argumentos de la defensa sobre el rol secundario de las sentenciadas en un caso en el que se desarticuló una red criminal con operaciones desde la cárcel y en varias ciudades de Santa Fe

>La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar los recursos presentados por la defensa de tres mujeres condenadas por narcotráfico en Venado Tuerto marcó el cierre definitivo de un proceso judicial que expuso la operatoria de una red dedicada a la venta de drogas, incluso desde el interior de la cárcel. El máximo tribunal desestimó los planteos que cuestionaban la sentencia por no haber aplicado una perspectiva de género, consolidando así las condenas impuestas a Natalí Castelli, Georgina Ayelén Fernández y Natalí Macedo González.

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible la presentación. De esta manera, confirmaron los 7 años y medio de prisión que recayeron sobre Castelli, mientras que Fernández y Macedo González fueron condenadas a 6 años, cada una.

La investigación, que derivó en estas condenas, inició en 2018, cuando la Subdelegación de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina detectó maniobras de venta de estupefacientes en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Monseñor Borgarino y Vieytes. Esta información coincidió con un reporte de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que a partir de un llamado anónimo al 911 identificó a “El Gordo Castelli”, como presunto responsable de la comercialización de drogas en ese domicilio.

Las pesquisas permitieron identificar a Georgina Fernández, pareja de Fabricio Monsalvo —también preso en la Unidad n.º 1 de Coronda—, como otra pieza clave en la red. Fernández utilizaba un domicilio en la calle San Luis para la venta de drogas, y mantenía contactos con otras mujeres, como Florencia, oriunda de Melincué, en el marco de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes.

El análisis de las comunicaciones evidenció que Sebastián López compartía celda con Lucas Spada, a quien también proveía de drogas para su reventa en Rufino, a través de la pareja de Spada, identificada como Natalí o “Morena”. Un informe posterior de la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII determinó que López y Castelli recibían estupefacientes de un proveedor masculino en las inmediaciones del penal de Coronda.

La investigación determinó que la actividad ilícita tenía puntos geográficos bien definidos: la Unidad Penitenciaria de Coronda, zonas cercanas dentro de la misma localidad, y las ciudades de Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Melincué. Además, se detectaron conexiones con personas no identificadas en Santa Fe y Rosario.

En febrero de 2019, se realizaron allanamientos en los que se incautaron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su fraccionamiento y acondicionamiento, como recortes de nylon transparente y balanzas.

La Fiscalía sostuvo que la estructura de la organización se dividía en dos grupos principales: uno liderado por Sebastián López y otro por Fabricio Monsalvo. Ambos, desde la cárcel, establecían contacto con proveedores de drogas, mientras que sus parejas se encargaban de la distribución en distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.

Durante el juicio, el tribunal determinó que la pareja conformada por Spada y Macedo se dedicaba a la venta minorista de la droga suministrada por López y Castelli, actuando como los últimos eslabones de la cadena de tráfico. En cambio, Monsalvo y Fernández ocupaban una posición intermedia, ya que contaban con varias personas que luego comercializaban el estupefaciente al menudeo.

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