5 de septiembre de 2025
Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura
Las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y Unamos denunciaron que los opositores fallecidos fueron víctimas de desaparición forzada y calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Reclaman medidas internacionales y la apertura de causas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
>Movimientos polÃticos nicaragüenses en el exilio reclamaron este jueves la intervención de la Asamblea General de la “Llamamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sesionará a partir del 9 de septiembre, a que se pronuncieâ€, señalaron las organizaciones en una declaración conjunta. Solicitó además que el organismo internacional adopte “medidas que contribuyan tanto a frenar esta escalada de violencia estatal como a definir caminos certeros para la apertura de causas contra el régimen, tanto en la Corte Penal Internacional (CPI) como en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)â€.El pedido de intervención internacional ocurre tras el fallecimiento, bajo custodia, la semana pasada, de Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, según confirmaron familiares de los disidentes. Ambos opositores figuraban entre los crÃticos más visibles del régimen de Ortega y Murillo.Las agrupaciones opositoras denunciaron enérgicamente los hechos, argumentando que estos presos polÃticos “después de haber sido secuestrados, permanecieron en situación de desaparición forzada y bajo custodia de la dictadura, hasta que sus cuerpos fueron entregados a sus familias por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murilloâ€. La declaración de los movimientos califica estos hechos como “la más cruel y despiadada manifestación de la represión dictatorial en Nicaraguaâ€, a la vez que los definen como “graves violaciones a los derechos humanos y crÃmenes de lesa humanidadâ€.Según los opositores, estos incidentes confirman “la profunda crisis y el desgaste que enfrenta la dictadura Ortega-Murilloâ€. Exigieron la liberación incondicional de todos los presos polÃticos y una prueba de vida de las 33 personas que permanecen en situación de desaparición forzada en Nicaragua.
El caso de Carlos Cárdenas Zepeda, abogado y asesor jurÃdico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante las protestas de 2018, fue particularmente señalado. El cuerpo del opositor fue entregado a su familia apenas 15 dÃas después de su arresto durante una redada realizada por las fuerzas policiales del régimen. La muerte de Mauricio Alonso —detenido a mediados de julio y fallecido tras permanecer más de un mes bajo custodia policial— también fue reportada por los colectivos.
Organizaciones de derechos humanos como Monitoreo Azul y Blanco (MAB) acusaron a la policÃa sandinista de secuestro y posterior muerte de opositores detenidos. MAB denunció la existencia de un “nuevo patrón represivo†que implicarÃa “la captura, la desaparición forzada y la posterior entrega sin vida de las personas detenidasâ€. Apuntó que este patrón evidencia una estrategia sistemática de represalia y criminalización de la protesta iniciada en 2018.En los últimos años, el régimen de Nicaragua intensificó las restricciones a la Iglesia Católica, prohibió actividades de organismos religiosos y rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras declaraciones crÃticas del Papa.
La comunidad internacional continúa recibiendo llamados para una actuación más contundente y el envÃo de misiones para verificar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Hasta el momento, el régimen nicaragüense no ha emitido comentarios tras las denuncias y solicitudes de información realizadas por las familias de los fallecidos y organismos internacionales.
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