Por eso, la oposición en la Cámara de Diputados ha pedido que se cite al ministro para que ofrezca aclaraciones y ya ha recogido 120 firmas pidiendo la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación. El diputado Evair de Melo del Partido Progresistas (PP) ha presentado una solicitud para que Lupi comparezca también ante la Comisión de Supervisión y Control Financiero. En su pedido, Melo también recordó escándalos pasados vinculados al nombre de Lupi. En 2011, cuando era ministro de Trabajo en el Gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff, el político fue acusado de haber acumulado dos cargos de asistente parlamentario en organismos públicos distintos entre 2000 y 2005. En aquel momento, la Comisión de Ética Pública recomendó a Dilma que despidiera a Lupi, pero él dimitió antes. Para el líder opositor Luciano Zucco, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, la destitución de Lupi es “urgente”. La Asociación Brasileña de Defensa de los Derechos de los Jubilados y Funcionarios (Abradeb) también ha intervenido contra el INSS, acusándolo de complicidad en el fraude. Según la Abradeb, el INSS siguió firmando convenios con asociaciones sospechosas de fraude incluso después de que se denunciaran las irregularidades, lo que permitió la continuación de las deducciones indebidas.

El impacto social y político de este escándalo de las pensiones es enorme. El principal problema para las víctimas es ahora cómo recuperar el dinero. El interventor de la CGU, Vinícius de Carvalho, declaró que el Gobierno se comprometerá a indemnizar a todos los pensionistas defraudados, pero sin especificar cómo ni cuándo se efectuará el reembolso, que deberá hacerse con los bienes ya incautados en las investigaciones, que ascienden a unos 2.000 millones de reales (351,5 millones de dólares). “A los jubilados a los que se les hicieron retiradas ilegales les garantizaremos el reembolso, pero por el momento no es posible dar un número ni fijar un plazo. Estamos organizando este plan y, en las próximas semanas, lo presentaremos”, dijo Carvalho.

Los expertos se muestran escépticos. “Los bienes incautados por las investigaciones no pueden convertirse inmediatamente en dinero para refinanciar las arcas de la Unión, porque las personas a las que se les incautaron tienen que enfrentarse a un proceso penal. Tienen que poder defenderse, tiene que haber un juicio justo para que finalmente sean condenados o no”, dijo al sitio de noticias Metrópoles Marcelo Freire Sampaio Costa, profesor de Derecho Tributario y de la Seguridad Social en la Universidad Mackenzie y miembro del Ministerio Público del Trabajo (MPT). La otra hipótesis es la de una reparación administrativa, pero además del problema de encontrar los fondos, está el de identificar a los millones de víctimas. “Además, hay que cuantificar el reembolso y actualizarlo teniendo en cuenta la inflación y no creo que sea fácil”, añadió Costa.

Ni siquiera la noticia de la detención del ex presidente Fernando Collor de Mello en el marco de un juicio en la operación anticorrupción Lava Jato fue suficiente para hacer desaparecer del debate nacional la noticia del fraude en las pensiones. Aunque el Ejecutivo subrayó que el fraude comenzó en 2019, durante la presidencia de Jair Bolsonaro, según la auditoría de la CGU de los 6.505,8 millones de reales (1.143,4 millones de dólares) de deducciones irregulares, 4.147,8 millones de reales (729 millones de dólares) de ellas fueron transferidas en 2023 y 2024 en los primeros dos años del tercer mandato de Lula, es decir el 63,75% del total.

Si no se devuelve a los pensionistas la suma robada a lo largo de los años, el escándalo podría representar un escollo arduo para Lula en las elecciones presidenciales del próximo año. Tanto es así que el presidente, inmediatamente después de conocerse la noticia el pasado miércoles, declaró en una reunión con los líderes de su base gobernante esa misma tarde que era “candidatísimo“ para las elecciones de 2026 y que se sentía “con mucha fuerza”. Sin embargo, también el miércoles, la última encuesta de Paraná Pesquisas confirmó la tendencia de los últimos meses: la popularidad de Lula está en su punto más bajo, con un 57,4% de desaprobación frente a un 39,2% de aprobación. El índice de desaprobación es el más alto; la aprobación, en cambio, está en su nivel más bajo desde el inicio de su tercer mandato. Según el sitio de noticias Poder 360, además, el PL de Bolsonaro es el partido que más ha aumentado su número de afiliados desde las elecciones de 2022: 137,3 mil electores más que sumados dan un total de 899,6 mil afiliados. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula ha visto un aumento de 60.345 afiliados en el mismo periodo, que sumados a los anteriores dan un total de 1,7 millones de afiliados.

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