La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años de prisión contra Raúl Reynoso, quien estuvo al frente del Juzgado Federal de Orán, en Salta, por haber recibido dinero a cambio de beneficiar con resoluciones judiciales al narcotraficante Delfín Reynaldo Castedo, conocido como "El Patrón del Norte".

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso de queja presentado por la defensa del exmagistrado por falta de fundamentación autónoma. De esta manera, quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que lo condenó por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión.

Además de la pena de prisión, Reynoso recibió una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta por el término de la condena. El fallo había sido confirmado en junio de 2025 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, pero la defensa acudió al máximo tribunal para intentar revertirlo.

Según se determinó durante el juicio, el entonces juez federal recibió dinero de Castedo y de su abogado defensor a cambio de dictar resoluciones contrarias a derecho que favorecieran al narcotraficante. También fue condenado por haber exigido sumas de dinero a Pablo Elías Torres para autorizar el ingreso de mercaderías al país, pese a las restricciones existentes.

La investigación permitió reconstruir una serie de decisiones judiciales que beneficiaron a Castedo mientras era investigado por asociación ilícita y lavado de activos.

En febrero de 2007, Reynoso había imputado al narcotraficante, ordenado su detención y dispuesto que fuera citado a declaración indagatoria. Sin embargo, en mayo de 2008, mientras permanecía prófugo, Castedo presentó un pedido de excarcelación que fue concedido al mes siguiente.

El argumento utilizado por el magistrado fue que el acusado se encontraba a derecho por haber presentado aquella solicitud. Para la Fiscalía, esa decisión constituyó el primer acto de prevaricato atribuido a Reynoso. Según se sostuvo en el expediente, el propio Castedo declaró que había pagado para obtener ese beneficio.

Las irregularidades continuaron años después. De acuerdo con la documentación judicial, en 2013 se habría concretado una declaración indagatoria del narcotraficante. Sin embargo, Castedo negó posteriormente haber participado de ese interrogatorio y haber firmado el acta correspondiente. Un peritaje respaldó esa versión.

Pese a ello, aquella supuesta declaración fue utilizada por Reynoso para concederle una segunda exención de prisión.

En 2014, cuando Castedo ya figuraba entre los criminales más buscados y llevaba ocho años prófugo, acusado de ser el autor intelectual del crimen de Liliana Ledesma, ocurrido en Salvador Mazza, el juez volvió a adoptar una decisión favorable: lo procesó, pero sin dictarle prisión preventiva.

Para la Fiscalía, aquellas resoluciones formaron parte de una serie de beneficios judiciales otorgados a cambio de dinero.

En el mismo expediente también fue condenado Luciano Ciscato, abogado de Castedo, quien recibió una pena de dos años y seis meses de prisión.

La sentencia contra Reynoso fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en junio de 2025. La defensa del exmagistrado intentó llevar el caso ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó el planteo por cuestiones de fundamentación, sin ingresar a una nueva revisión de los hechos.

Con esa decisión, la condena a cinco años de prisión quedó firme.