La Justicia porteña investiga si Facundo Moyano incumplió la prohibición de acercamiento y contacto con Candela Arizaga y se encontró con la joven en un apart hotel de Puerto Madero, en momentos en que continúan vigentes las medidas cautelares dictadas en la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, la fiscal Florencia Nocerez avanzó en las últimas horas con una serie de medidas para determinar si el encuentro efectivamente ocurrió. Personal enviado al establecimiento retiró las grabaciones de las cámaras de seguridad y los libros de registro de huéspedes. Tanto las imágenes como la documentación se encuentran ahora bajo análisis.

La medida adquiere particular relevancia porque Moyano tiene actualmente prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. Las restricciones fueron impuestas luego del episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

Ese día, Arizaga salió corriendo del edificio de Avenida del Libertador donde reside Moyano y fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad. Uno de los agentes que intervino aseguró que la joven le manifestó que su pareja la había golpeado y mantenido encerrada contra su voluntad. El ex diputado fue detenido y recuperó la libertad horas después, sujeto a una serie de medidas cautelares.

Arizaga posteriormente negó haberle dicho al policía que había sido golpeada o privada de su libertad. También manifestó en reiteradas oportunidades su intención de volver a tener contacto con Moyano.

Precisamente este miércoles, su abogado Roberto Herrera presentó un nuevo escrito ante la Fiscalía de Género Norte para solicitar el "inmediato levantamiento" de las restricciones. En la presentación, a la que accedió Infobae, sostuvo que ya no existiría un riesgo concreto que justifique mantener las medidas y remarcó la voluntad de su representada de "restablecer el vínculo" con Moyano.

El planteo también señala que Arizaga niega haber sido víctima de violencia física o psicológica por parte del ex diputado y haber estado privada de su libertad. Su abogado argumentó que las medidas tienen una finalidad preventiva y que su continuidad debe estar sustentada en la existencia de un riesgo actual.

La fiscalía, sin embargo, todavía no levantó las restricciones, por lo que continúan vigentes mientras avanza la investigación. Ahora, en paralelo con el nuevo pedido de Arizaga, los investigadores buscan determinar si Moyano pudo haberlas incumplido antes de que la Justicia resolviera sobre su continuidad.