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7 de agosto de 2025

El régimen de Nicaragua promulgó una ley fronteriza que abre las puertas a una confiscación masiva

“El robo de hoy constituye la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua”, advirtió Juan Sebastián Chamorro. La ley afecta a todo lo que esté a menos de 15 kilómetros de las fronteras del país.

>Una nueva ley aprobada este martes por unanimidad en la Asamblea Nacional de Nicaragua ha desatado una ola de preocupación y denuncias por lo que analistas, opositores y juristas califican como una “confiscación masiva” sin precedentes.

“Se define y establece como Territorio Fronterizo el área de territorio nacional, comprendida desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros. hacia el interior del territorio nacional”, señala el artículo 1 de la ley, aprobada de forma exprés y por unanimidad en el parlamento, dominado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La nueva legislación, además de adjudicar la propiedad de estas zonas al Estado, coloca su resguardo bajo control del Ejército de Nicaragua. Suprime la normativa anterior que reconocía derechos de propiedad, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, y que establecía zonas de desarrollo y protección diferenciadas.

Chamorro advirtió que esta medida afecta comunidades enteras como San Carlos, El Castillo, Sapoa, San Juan de Nicaragua, Cárdenas, Somotillo, Waspam, Jalapa, entre otros, donde hay viviendas, iglesias, granjas camaroneras, plantaciones agrícolas y proyectos turísticos.

“Esto va a tener un impacto negativo en el precio de las propiedades y en la inversión. Nadie va a comprar una propiedad que ya no es del dueño, que ha sido confiscada por decreto”, dijo.

La Unidad Nacional Azul y Blanco, por su parte, denunció que esta ley afecta directamente a al menos 27 municipios y representa una nueva muestra de la inseguridad jurídica en el país.

Desde el oficialismo, sin embargo, se intenta justificar la medida con el argumento de combatir el crimen organizado. “La nueva ley define con claridad el resguardo de nuestra frontera para evitar las transacciones ilícitas que internacionalmente comete el crimen organizado”, dijo el diputado sandinista Edwin Castro durante la sesión parlamentaria.

Pero la zozobra ya se ha instalado entre los miles de habitantes que viven en esas franjas fronterizas. Propietarios de casas, fincas y comercios han quedado en una incertidumbre legal total, sin claridad sobre si podrán seguir habitando sus propiedades, venderlas, heredarlas o acceder a crédito sobre ellas. En la práctica, todo queda congelado o a merced del Ejército.

“Esto es una confiscación sin precedentes. Están inmovilizadas las propiedades. Si hay una motivación de robarse propiedades, aunque alguna se les escape, ya no se podrá vender”, denunció Chamorro.

La “Gran Confiscación”, como la ha llamado la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, podría ser una de las medidas más agresivas de control territorial emprendidas por el régimen Ortega Murillo, en lo que analistas vinculan a una creciente paranoia militarista impulsada por Rosario Murillo.

Para Téllez, se trata de una maniobra para apropiarse de tierras valiosas: “Si estás viviendo a menos de 15 kilómetros de la frontera, tu propiedad, cualquiera que sea, es ahora del Estado”, dijo. Y preguntó: “¿Quiénes serán los beneficiados?”.

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