6 de agosto de 2025
Juicio por YPF: Argentina le pidió a la jueza Preska no entregar e-mails y chats de los últimos dos ministros de Economía
“La República Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios”, se detalló en el escrito presentado ante la corte de Nueva York
>La jueza Loretta Preska, que condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por expropiar mal a YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, Es parte de lo que se considera “discovery” en uno de los capítulos de la causa: demostrar el “alter ego”, o que la empresa y el Estado “son lo mismo”, que no existe separación, que la empresa no es independiente. Detrás está el objetivo de Burford Capital, el principal beneficiario del fallo multimillonario –una causa “madre” que también está apelada en otra instancia– de poder embargar activos para cobrar la deuda. La semana pasada, el Gobierno argumentó que la orden viola las leyes de Argentina y EEUU y, en ese contexto, hoy le solicitó formalmente a la magistrada que revea la orden de recolectar y entregar “comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”.
“En su carta, la República argumenta que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en ‘posesión, custodia o control’ del requerido, y la República Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios”, dijeron desde la PTN.
“Los demandantes no demostraron que Argentina tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los actuales funcionarios del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de exfuncionarios. Por el contrario, la legislación argentina establece claramente que ‘son propiedad exclusiva de sus dueños’, no del gobierno como empleador. La Constitución Argentina (artículos 17-19) y su Corte Suprema declaran dicha propiedad privada ‘inviolable’ en ausencia de una sentencia contra un propietario individual”, detalló el escrito.
Hubo también otra presentación. Una segunda carta en la que se le solicitó a la jueza una audiencia preliminar para presentar una moción tendiente a aclarar o reconsiderar su orden que impide al Estado oponerse a pedidos de discovery posterior al dictado de sentencia con base en la irrelevancia de ciertos activos para la ejecución.Ayer, a última hora, Tanto la Argentina como Burford creen que la ONG puede terminar complicando y demorando todo. Argentina dice que no es procedente revisar el caso en los términos pedidos y Burford, claro, no quiere saber nada con que se analice la anulación de una condena de la que ya es beneficiario.
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